«Me impresionó la narración que me hizo Anselmo de cómo se gestó la primera constitución liberal; me lo contó como si lo hubiera vivido personalmente, como si hubiera formado parte de la asamblea que se reunió en el teatro Cómico de la Isla de León en septiembre de 1810. El riesgo de epidemia de tifus desapareció y las Cortes pudieron continuar sus trabajos en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, hasta que el 19 de marzo de 1812 se aprobó una Constitución revolucionaria para la época. ¡Viva la Pepa! se transformó en un grito de libertad que salió de las entrañas de Cádiz y se extendió por toda España. Todo se llevó a cabo mientras las tropas francesas habían ocupado casi todo el país y Fernando VII estaba retenido en Francia por Napoleón.
Se abolió la Inquisición y el poder de la iglesia, se decretó la libertad de prensa, se suprimió todo lo que coartaba la libertad individual, se reformaron las leyes para garantizar la separación de poderes y se desprendió a la monarquía de su poder absoluto. Una Constitución que cambió el rumbo de la historia de España. Pero el rey Fernando VII regresa de su conchabeo con Napoleón y el 4 de mayo de 1814 anula de un plumazo la constitución y vuelve a instaurar el poder absoluto»
Extracto de la novela: En Bocagrande ya no hay tiburones.
La Constitución de Cádiz es la primera Constitución española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, por lo que se conoció popularmente con nombre de La Pepa.
La Constitución de Cádiz de 1812 provocó limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y acabó con la Inquisición española
.Oficialmente estuvo en vigor solo dos años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII.
Antecedentes
Todo comenzó en 1808, con la invasión de los ejércitos de Napoleón. La invasión provocó un colapso de las estructuras del régimen monárquico absolutista; el entramado de la monarquía borbónica se vino abajo, empezando por el rey, Fernando VII, que había sido retenido en Francia por Bonaparte.
En esta situación de vacío de poder, mientras se producían los primeros enfrentamientos entre los soldados franceses y la gente del país, se formaron de manera casi inmediata juntas de gobierno, locales y provinciales, que se organizaron, a su vez, en juntas supremas regionales. En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, integrada por treinta y seis vocales de las juntas provinciales. Se instaló en Aranjuez, pero, en diciembre de aquel año, ante el avance de las tropas de Napoleón, se retiró a Sevilla.
Ante la ausencia de Fernando VII, se organizó el gobierno a través del sistema de juntas, con la misión de coordinar la resistencia contra los franceses. Las juntas tenían carácter provisional mientras el rey no pudiera volver a España y recuperar su pleno poder. Pero, al mismo tiempo, se vio la oportunidad para crear un nuevo sistema de gobierno, más justo y representativo que el régimen de los reyes borbónicos. Soñaban con aprovechar la guerra contra Napoleón para hacer en España una revolución política como la francesa de 1789. Fue así como surgió la reivindicación de convocar las Cortes.
En abril de 1809, un miembro de la Junta Central, Lorenzo Calvo de Rozas, propuso convocar las Cortes, con el objetivo de establecer una «Constitución bien ordenada». Los defensores del absolutismo recelaban de la iniciativa, dado que se pretendía convocar unas Cortes en ausencia del monarca, algo sin precedentes, mientras que los liberales esperaban que la asamblea sirviera para introducir las reformas que necesitaba el país y cambiar así el rumbo de la historia de España. El 22 de mayo de 1809, la Junta Central aprobó la propuesta de Calvo de Rozas y durante los meses siguientes debatió cuál debía ser el sistema de elección de los diputados.
En enero de 1810, los acontecimientos se precipitaron.
Andalucía fue invadida por los franceses y con el ejército español disperso y en retirada, la Junta Central abandonó Sevilla y se trasladó a la Isla de León, que enseguida se convertiría en baluarte de la resistencia española contra el invasor. Allí, los poderes de la Junta fueron traspasados a un Consejo de Regencia, que asumió la convocatoria de Cortes tal y como estaba planteada. La apertura de la asamblea tuvo lugar finalmente en septiembre de 1810, en el teatro Cómico de la Isla de León. En esos momentos, Cádiz padecía una epidemia, quizá de tifus, que no fue a mayores; pasado el peligro, desde enero de 1811, las Cortes se trasladaron a Cádiz y se instalaron en la iglesia de San Felipe Neri.
El número de diputados que asistieron a las Cortes de Cádiz fue variable: en la sesión inaugural hubo unos cien, 185 firmaron la Constitución y 223 se encontraban en la sesión de clausura de las Cortes Extraordinarias. Procedían de toda España y hasta de América, pues las Cortes pretendieron dar los mismos derechos a los españoles del Nuevo Mundo; pero ante las dificultades para la elección o el traslado de los elegidos a Andalucía, muchos fueron sustituidos por naturales de sus provincias que en aquellos momentos se encontraban en Cádiz. La mayoría eran eclesiásticos, abogados y funcionarios.
Entre los diputados se formaron dos grupos ideológicos: los partidarios del absolutismo y del viejo orden tradicional, llamados por sus enemigos «serviles» –diputados como Blas de Estolaza y Lázaro de Dou– y los liberales, partidarios de reformar la sociedad del Antiguo Régimen, representados por políticos brillantes como Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno y José María Calatrava. En realidad fueron estos últimos, los liberales, quienes llevaron la voz cantante, ayudados por el ambiente que se vivía en Cádiz, que se había convertido en un auténtico hervidero de liberales. Incluso la mayoría del clero regular de Cádiz fue liberal porque estuvo próximo a planteamientos igualitarios, de apoyo a los débiles y de lucha contra los privilegios.
La Constitución
A las nueve de la mañana del 24 de septiembre de 1810, un centenar de diputados, en representación de todas las ciudades y provincias de España, se congregaron en el ayuntamiento de la Isla de León, la actual ciudad de San Fernando. Salieron en comitiva hasta la iglesia parroquial, donde el cardenal arzobispo de Toledo, Luis de Borbón, celebró una misa. Acto seguido, se preguntó a cada uno de los diputados: «¿Juráis la santa religión católica apostólica romana sin admitir otra alguna en estos reinos? ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores? ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande».
Todos los diputados presentes juraron afirmativamente, a pesar de algún tímido reparo planteado previamente a la ceremonia. Acabados los actos religiosos, los regentes y los diputados se trasladaron al salón de Cortes, situado en el teatro Cómico de la Isla de León. El presidente del Consejo de Regencia pronunció un breve discurso; así quedaban inauguradas las Cortes generales y extraordinarias, la asamblea que pasaría a la historia con el nombre de Cortes de Cádiz.
La labor legislativa de las Cortes de Cádiz fue enorme. Muchos decretos tuvieron por objetivo abolir las instituciones del Antiguo Régimen, como el régimen señorial de propiedad de la tierra (liquidado el 6 de agosto de 1811), la Inquisición o las pruebas de nobleza. También suprimieron las instituciones de control económico o social o que coartaran la libertad individual, como los gremios.
La ley de mayor trascendencia que aprobaron las Cortes de Cádiz fue la Constitución, base de la reforma de todo el entramado jurídico y político absolutista. El texto establecía un modelo liberal de Estado, basado en la división de poderes: el monarca se encargaba del gobierno y la administración; la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes, aunque el rey debía sancionarlas y podía vetarlas durante dos años; mientras que los tribunales de justicia eran los responsables de aplicar la ley. Se trataba de un sistema muy avanzado para la época y de hecho se convertiría en modelo de otras revoluciones liberales.
El texto definitivo de la Constitución fue promulgado el 19 de marzo de 1812, día de San José; de ahí el nombre popular de «la Pepa» que más tarde se le daría. A pesar de la lluvia y de la proximidad del ejército francés, ese día las muestras de júbilo fueron generales y los cronistas cuentan que se oían vítores y aplausos por toda la ciudad.
Los diputados marcharon en una comitiva, entre las aclamaciones y las canciones patrióticas de la población. Para perpetuar el recuerdo de la jornada se acuñaron medallas y se improvisaron composiciones poéticas. La noticia corrió como un reguero de pólvora por toda España y las provincias se fueron sumando a la celebración en la medida en que lo permitía la ocupación francesa.
El final de una esperanza
En 1814, la retirada de los franceses llenó de esperanzas a los patriotas de Cádiz. Los diputados se trasladaron a Madrid, con la esperanza de que el régimen que habían fraguado en Cádiz se consolidaría en un país liberado y pacificado. Pero el triunfo se convirtió para todos ellos en una pesadilla. Al volver a España, el rey Fernando VII firmó en Valencia un decreto en el que comunicaba que no solamente no juraba ni aceptaba la Constitución ni ningún decreto de las Cortes, sino que declaraba aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo». El 11 de mayo, los diputados recibieron la orden de disolución, mientras los partidarios del rey recorrían las calles de Madrid al grito de «¡Viva la Religión!, ¡abajo las Cortes!, ¡viva Fernando VII!, ¡viva la Inquisición!» Empezaba la reacción absolutista.